El proyecto de Comunicación del bloque de legisladores del Frente de Todos ingresó este martes al Parlamento. Señalan que la tasa de letalidad es tres veces superior para las personas con discapacidad que entre la población general contagiada por Sars-Cov-2.
Si bien no hay registros particularizados para este sector social, la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones especializadas, advierten que tanto las enfermedades subyacentes como las barreras culturales y las dificultades en el acceso a las políticas públicas, convierten a las personas con discapacidad en un grupo de riesgo “altamente vulnerable” en el actual contexto de pandemia por Covid-19.
El proyecto del Frente de Todos señala que las personas con discapacidad están implícitamente contempladas por la resolución 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación que especifica cuáles son los considerados grupos de riesgos poblacionales, aunque «no se advierte que tal consideración sea tenida en cuenta al momento de adoptar decisiones» sobre la vacunación para las personas con Certificado Único de Discapacidad y pide, en consecuencia, que el ministerio de Salud de la provincia les otorgue un carácter prioritario dentro del Plan Estratégico de vacunación provincial.
“Aún siendo consideradas como grupo de riesgo”, destaca el proyecto, “las personas con discapacidad no tienen una prioridad inmediata en la mayoría de las jurisdicciones para ser vacunadas, a pesar de que su tasa de letalidad (estimada en el 7%) es tres veces superior al de la población en general”.
Los legisladores recogen también en sus fundamentos otros informes que apuntan en el mismo sentido. Entre ellos el publicado recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que advierte que “no se cuenta con datos desagregados por discapacidad, lo que dificulta los análisis y la toma de decisiones durante esta crisis y en las instancias posteriores de reactivación”, al tiempo que destaca que las personas con discapacidad deben estar “en el centro” de toda política pública, y “participar en todas las etapas de las medidas que toman los Estados”.
Según informa el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), «en Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad, todas con características distintas».
Desde la institución explican además que «el colectivo de personas con discapacidad es amplio y heterogéneo: discapacidad visual, auditiva, motora, intelectual», y añaden que «esto, relacionado con la edad, complejiza los mayores o menores riesgos de ser afectados por el Covid 19».
Para el CAIDIS, «en muchos casos la discapacidad viene asociada a una enfermedad de base y en otros no, por lo que son diferencias que deben ser contempladas».
“El proyecto recoge la inquietud de más de treinta instituciones especializadas de la provincia, muchas de ellas muy reconocidas y de larga trayectoria, como Cre-arte, en Bariloche o Alas del Alma en Cipolletti”, señaló la presidenta del bloque legislativo del FdT, María Eugenia Martini; “lo que estamos planteando al Ministerio de Salud es que adopte las consideraciones epidemiológicas que claramente comprenden a las personas con discapacidad como un grupo de riesgo y priorice la vacunación. Otras provincias, como Neuquén ya lo han implementado”, mencionó.
Las autoridades sanitarias argentinas estiman que una “segunda ola” de la pandemia llegará al país durante los próximos meses, como ya está sucediendo en Europa. Persiste además la preocupación por la propagación de las nuevas cepas de Covid-19, presentes en Brasil.
“La vacunación permitirá a las personas con discapacidad recuperar sus actividades cotidianas. Para muchos la virtualidad se vuelve inaccesible, y no son pocos los casos de depresión severa y trastornos de ansiedad”, explicó Martini.
El proyecto acompaña sucesivas notas dirigidas al ministro de Salud, Fabián Zgaib, por decenas de instituciones provinciales.
“Resulta necesario y urgente”, afirman los legisladores, “que el Gobierno provincial considere prioritario que se extienda la campaña de vacunación, ya iniciada en las residencias geriátricas, también a las instituciones que albergan a personas con discapacidad y posteriormente a los centros ambulatorios de atención a personas con discapacidad, habida cuenta de que toda la normativa nacional y provincial vigente anticipa y autoriza implícitamente tal decisión sanitaria”.
