Un hombre fue imputado ayer, acusado de haber distribuido imágenes con contenido de explotación sexual infantil, mientras que a su hijo le formularon cargos, en la misma audiencia, por el delito de tenencia de este tipo de imágenes, agravado por ser las mismas de menores de 13 años de edad. Ambos son oriundos de la localidad de Valcheta.
Según la acusación, mientras que el padre distribuyó dos videos con contenido de explotación sexual infantil, el hijo poseía en dispositivos propios un video y más de 80 imágenes, de las cuales al menos diez están catalogadas como de pornografia infantil (tal la calificación legal de los hechos) por la organización internacional «Missing & Explited Children” quien se ocupa de la remisión de este tipo de casos a los distintos países para que se sustancie la correspondiente investigación penal.
En este caso la causa comenzó a partir de la denuncia efectuada por una de las personas que integraba un grupo de whatsapp del que participaban los imputados. Por ello en el marco de legajos penales análogos hay más de una treintena de personas acusadas en diversas jurisdicciones del país. En nuestra provincia la investigación incluyó dos allanamientos en las viviendas de ambos hombres en la que se secuestraron gran cantidad de dispositivos, muchos de los cuales ya fueron peritados por la Oficina de Investigación de elecomunicaciones de la Procuración General y por el área de Informática Forense del Poder Judicial.
La defensa de los imputados no manifestó objeciones a los términos de la acusación por lo que el Juez dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria que se extenderá por cuatro meses.
Cabe recordar que, para la investigación unificada de este tipo de casos, la provincia de Río Negro cuenta con un protocolo de investigación de ciberdelitos, creado por la Procuración General a la luz de un instrumento similar elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y que adhiere a la “Guía de buenas prácticas para obtener evidencia electrónica en el extranjero”.
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El documento enfatiza en la función de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel), a cuyos integrantes les otorga la responsabilidad de ser los únicos que pueden examinar y analizar la evidencia digital recolectada en el marco de las investigaciones, buscando preservar en todas las ocasiones la prueba original. Dentro de éste área se encuentra, además, el referente provincial que recibe las causas de explotación sexual infantil y las remite a las Fiscalías rionegrinas correspondientes para el inicio de las investigaciones.
Entre las pautas específicas de actuación, el protocolo impone reglas para la recepción de la denuncia, la atención que debe brindarse a denunciantes menores de edad, las condiciones imperantes en la investigación preliminar y el modo de actuar en los allanamientos. Además da instrucciones precisas acerca de qué tipo de dispositivos electrónicos deben secuestrarse, cómo manipularlos para evitar pérdida de información y de qué forma garantizar una cadena de custodia que reduzca las posibilidades de futuras nulidades en el marco de la causa judicial.
Asimismo indica que el trabajo judicial debe realizarse sobre copias del material obtenido, procurando preservar el original de manera inalterable y puntualiza cuál es la prueba que puede ser susceptible de secuestro entre la que nombra los chats y blogs, juegos infantiles o de contenido sexual, registro de actividad en internet y directorios de archivos encriptados. Agrega además cualquier tipo de papel que contenga contraseñas anotadas, notas y manuales.
Entre otros aspectos, el protocolo destaca que para llevar adelante este tipo de casos, los fiscales podrán hacer uso de los medios de investigación dependientes de la Procuración General y requerir, de ser necesario, la colaboración con agencias provinciales, nacionales o internacionales especializas en la materia.
