El proyecto del gobernador Arcioni, frenado en la Legislatura y con denuncias de corrupción. Asambleas rionegrinas activan protestas y una iniciativa popular.
El proyecto de zonificación productiva de la meseta impulsado por el gobernador Mariano Arcioni enardeció el clima social de Chubut. El plan minero, ahora trabado en la Legislatura y rodeado de un escándalo de corrupción, provocó una frontal oposición que dividió en dos a la sociedad de esa provincia y que tiene su réplica, por ahora de menor escala, en Río Negro.
A través de una iniciativa popular, las organizaciones ambientales rionegrinas buscan prohibir la minería metalífera y pusieron en marcha la recolección de firmas para que el parlamento trate este proyecto. Al mismo tiempo, organizaciones de pueblos originarios anunciaron una movilización a Valcheta, donde se encontró uranio, en contra de la actividad.
La actividad extractiva es rechazada históricamente por vastos sectores en la Patagonia. Sin embargo, acuciado por el déficit de las cuentas públicas y una pila de bonos de deuda, Arcioni avanzó con su propuesta de desarrollo minero con el objetivo de inyectarle dólares a la economía chubutense y revitalizar una zona postergada del territorio a su cargo. Se trata del segundo intento en pocos años, luego de que el gobierno de Mauricio Macri buscara reflotar el Proyecto Navidad de la firma canadiense Pan American Silver.
El proyecto oficialista “para la ampliación sustentable de la matriz productiva» provincial habilita la explotación minera en la meseta y afirma que deja a salvo de riesgo ambiental tanto a la cordillera como al río Chubut. Sin embargo, la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut se opone y reunió unas 30.000 adhesiones que le permitieron presentar en el poder legislativo una Iniciativa Popular en favor de la sustentabilidad ambiental. A esta acción, le sumaron numerosas marchas bajo la consigna «No es No». Algunas de ellas, sorprendieron por su virulencia y radicalización, inclusive a muchos chubutenses que ya han pasado más de una vez por situaciones de este tenor.
La polarización social que abrió el proyecto minero en Chubut también se trasladó a la política y enturbió la sanción del proyecto de Arcioni, que a priori contaba con los votos necesarios para su aprobación. La unificación del peronismo chubutense erigió a un nuevo actor, que quiere participar del debate y exige más tiempo para discutir el proyecto. Encabezado por el exintendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares y con el regreso al partido de dirigentes que en 2019 acompañaron al gobernador en la coalición Chubut al Frente, el PJ trabó el trámite legislativo: algunos votos que parecían seguros dejaron de serlo y la iniciativa ya no será tratada en las sesiones ordinarias. No está claro si el gobernador apelará al alargue de las Extraordinarias para tratar de imponer el plan minero.
Pese a todo, Arcioni intentó mostrar respaldo en una movilización de sindicatos. En Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew salieron a la calle los gremios vinculados a la actividad productiva, como la UOCRA, Camioneros y Petroleros.
El jefe provincial, apuntado por el descalabro económico y el malestar social, fue el único orador del acto en la cuenca petrolera. “Somos un ejemplo de lo que significan los procesos exploratorios y extractivos. Y sabemos muy bien luego de 113 años de petróleo, lo que significa cuidar el medio ambiente”, comenzó el mandatario, aliado del gobierno nacional pero con el PJ en la oposición provincial. “Hoy tenemos la oportunidad de dar la discusión, no vamos a permitir que quieran instalar falsos dogmas que lo único que hacen es perjudicar la reconversión productiva de Chubut”.
El ejemplo que Arcioni cita no convence a buena parte de la sociedad. Letra P informó las numerosas manifestaciones para que se frene el plan de la meseta, que tendrá una nueva movilización en contra este martes. La previa de la marcha de antorchas está signada por una denuncia de la diputada Leila Lloyd Jones (Interbloque) en la que acusa a otros legisladores de recibir 10 millones de pesos para acompañar la zonificación minera y por la filtración de un video del legislador provincial del PRO, Sebastián López, en el que reclamaba 100 mil pesos para hacer lobby por la actividad.
Sobre este tema, como pudo saber Letra P, la titular nacional del partido, Patricia Bullrich, estaba al tanto antes de que trascendiera. La decisión del partido que ideó Mauricio Macri fue repudiar a su diputado y espera que avance la investigación. López, jaqueado desde ese momento en la alianza Juntos por el Cambio, responsabiliza al diputado nacional Ignacio Torres por el corrimiento que sufre dentro de JxC. El primer resultado fue la fractura del bloque provincial: los dos legisladores de la UCR se despegaron de López y armaron rancho aparte.
En guardia
Con ese álgido panorama al sur del paralelo 42, en Río Negro las asambleas socioambientales buscan curarse en salud y ya proyectan una segunda etapa de su plan de acción. Después de constituir una comisión de legales, empezará el 28 de diciembre el proceso de recolección de firmas para que el proyecto sea tratado en el parlamento local. “Estamos comprometidos con el medioambiente, con la vida. Estamos bregando para que no se instale la megaminería en nuestra provincia, por eso presentamos el proyecto”, coincidieron en una reunión virtual este martes diferentes integrantes de la asamblea Curru Leufu (Río Negro).
Como lo marca la Ley provincial 3654, el proceso de iniciativa suscribe requisitos básicos como el sustento de la firma del 3% de los ciudadanos inscriptos en el Padrón Electoral de la última elección. En total, un número cercano a las 17.000 adhesiones. Para conseguir ese número, aunque apuestan a un respaldo mayor, recorrerán diferentes localidades con las planillas que dispondrá la Legislatura. Tienen casi todo el 2021 para trabajar en este proyecto.
A esta movida se le suma el anuncio de una marcha a la región del Bajo Gualicho, en Valcheta. En esa localidad de la región sur, que se fundó tras la instalación de un campo de concentración de la Campaña del Desierto, la Coordinadora del Parlamento Mapuche–Tehuelche realizará una protesta para plantear el rechazo a lo que sucede en la vecina provincia y ante la presencia de empresas en el territorio.