UnTER rechaza el cierre “transitorio” de la Escuela Primaria N° 76 del Paraje de Chipauquil, debido a la falta de cumplimiento al compromiso asumido por las autoridades de garantizar la guardia permanente en la institución frente a las amenazas del propietario de las tierras en las que se encuentra emplazado el establecimiento. Es inadmisible que el derecho a la propiedad privada se imponga al derecho de enseñar y aprender.
El lunes 23, lxs docentes encontraron a la escuela sin ningún tipo de vigilancia, por esta razón y ante la inacción del Ministerio frente al no cumplimiento del compromiso asumido por el Comisario, se vieron obligados a aceptar enviar a lxs estudiantes a la Residencia Escolar y Primaria de Valcheta, como una forma de preservar su integridad física. De esta forma se afecta el proceso educativo y se quiebra el vínculo entre educadorxsy educandxs, pues la directora y lxs docentes deberán volver a sus lugares de origen, sin poder terminar el ciclo lectivo junto a sus grupos.
Resulta alarmante que una institución pública, como una escuela hogar de más de 90 años de existencia, centro fundamental para la actividad del paraje, deba cerrarse por imposición de un particular que se arroga derechos como propietario. De nada valió el acuerdo concertado en la reunión del pasado 18 de octubre, entre la comunidad educativa, integrantes del CDC UnTER, el Vocal de Junta de Clasificación y autoridades del Ministerio de Educación. En esta oportunidad, analizaron diferentes alternativas para resolver esta problemática, frente al hostigamiento del poblador, quien corta sistemáticamente el agua potable y amenaza con prender fuego la escuela, según dichos de autoridades del Consejo Escolar Zona Atlántica.
Por la gravedad de los hechos, exigimos la rápida intervención de la justicia, para tener respuesta a la denuncia penal realizada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Además requerimos la inmediata reapertura de la escuela, ya que, en la reunión, se logró solucionar hasta fin de año la provisión de agua, gracias al aporte solidario del propietario de otro establecimiento rural cercano.
No aceptaremos el cierre de ninguna institución educativa más, que implica el éxodo y el desarraigo de las familias que luchan por mantenerse en su territorio; o el abandono y la desescolarización de niñxs y jóvenes de sectores populares con alto grado de vulnerabilidad económica y social.
El derecho social a la educación en los parajes está en riesgo, por múltiples razones. Es obligación del estado garantizarla, mucho más frente al capricho y la falta de sano juicio de un particular, quien no puede decidir, bajo ningún concepto, el cierre de una escuela. En tiempos tan complejos, es fundamental continuar la defensa de los derechos humanos, frente al avance de la propiedad privada y los intereses individuales.
